Esta estrategia elaborada por el Ministerio de Igualdad es un documento con claves bastante interesantes para abordar las dificultades y barreras a las que se enfrentan el colectivo de personas trans en España.
Además de un interesante diagnóstico de la situación de las personas trans, propone medidas concretas en áreas fundamentales como el empleo, la educación, la sanidad, y trabajar activamente para la erradicación de la discriminación, el acoso y la violencia transfóbica.
Si buscas comprender las políticas públicas y las medidas concretas que se implementarán para lograr una sociedad más inclusiva, este documento es de gran interés para diferentes profesionales que participan en cuestiones de igualdad e inclusión y apreciación de la diversidad sexual y de género.
Resumen
Esta es la primera estrategia estatal específica para personas trans en España, algo que llevábamos años reclamando desde el movimiento LGTBI+ y desde el ámbito profesional. El documento se organiza en cuatro ejes de actuación que abordan las principales barreras que enfrenta el colectivo.
En el eje de empleo se proponen medidas muy concretas como formación para equipos de recursos humanos, programas de inserción laboral y protocolos contra la transfobia en el trabajo. Esto es fundamental porque sabemos que las tasas de desempleo y precariedad son muchísimo más altas entre las personas trans.
El eje educativo apuesta por el modelo de autodeterminación de género en los centros escolares, por los protocolos de acompañamiento para menores trans y por reforzar la prevención del acoso. Son medidas que pueden marcar una diferencia real en la vida de muchas criaturas y adolescentes.
En sanidad se consolida la despatologización de las identidades trans y se apuesta por la formación de profesionales sanitarios, algo imprescindible para que las personas trans reciban una atención digna y respetuosa. También se garantiza el acceso equitativo a los procesos de afirmación de género en todo el territorio.
Lo más valioso de este documento es que no se queda en declaraciones de intenciones, sino que establece un cronograma y unos indicadores de seguimiento para los próximos cuatro años. Ahora toca exigir que se cumpla.